RESOLUCI\u00d3N<\/p>\n
Ricardo Mat\u00edas Pinto y Hern\u00e1n Mart\u00edn L\u00f3pez, por mayor\u00eda, confirmaron la decisi\u00f3n del juzgado que no hizo lugar a la designaci\u00f3n como perito de parte de la licenciada propuesta por la defensa, por no estar previamente inscripta en el listado del SUAMP (Acordada 2\/14 CSJN), pero consideraron razonable que el magistrado la acepte como consultora t\u00e9cnica.
\nEn disidencia, Rodolfo Pociello Argerich, vot\u00f3 por declarar la inconstitucionalidad de los art\u00edculos 254 y 259 del CPPN.<\/p>\n
TEXTO<\/p>\n
\u201c(\u2026) III. Los jueces Ricardo Mat\u00edas Pinto y Hern\u00e1n Mart\u00edn L\u00f3pez dijeron: De adverso a lo manifestado por la asistencia t\u00e9cnica del imputado, no se advierte colisi\u00f3n alguna entre las previsiones contempladas en los art\u00edculos 254 y 259, ib\u00eddem, y la garant\u00eda de defensa en juicio, el derecho a trabajar ni la libertad de contratar consagradas en los art\u00edculos 14, 18 y 28 de la Constituci\u00f3n Nacional.
\nEn ese sentido, hemos sostenido que \u201cla limitaci\u00f3n en base a la cual resolvi\u00f3 el juez [falta de inscripci\u00f3n del profesional en el registro respectivo] aparece en principio razonable, sin que se advierta que el requisito de la previa inscripci\u00f3n en el Sistema \u00danico de Administraci\u00f3n de Peritos y Martilleros de la Justicia Nacional y Federal, conforme la Acordada 2\/14 de la C.S.J.N., afecte el derecho de defensa en juicio\u201d (ver de esta Sala, causa nro. 26018\/17, \u201cCavallo\u201d, rta. el 10\/11\/17; causa nro. 49723\/18, \u201cFasce\u201d, rta. el 13\/11\/18, entre otras).
\nEs que a trav\u00e9s de dicha acordada nuestro Supremo Tribunal reglament\u00f3 la condici\u00f3n habilitante requerida por el art\u00edculo 254 del c\u00f3digo de procedimientos, circunstancia que autoriza a inferir que no se trata de una disposici\u00f3n que violente ninguno de los principios constitucionales aludidos.
\nPor ello, se entiende acertado el temperamento puesto en crisis.
\nSin perjuicio de lo se\u00f1alado, para conciliar el inter\u00e9s leg\u00edtimo de la parte a contar con un profesional de su confianza, se considera razonable que el magistrado de la instancia anterior acepte a la licenciada propuesta como consultor t\u00e9cnico en los t\u00e9rminos y con los alcances previstos por el art\u00edculo 457, siguientes y concordantes, del C\u00f3digo Procesal Civil y Comercial de la Naci\u00f3n (Sala V, fallo cit.).
\nEn efecto, el consultor t\u00e9cnico constituye una figura claramente diferenciable del perito y an\u00e1loga a la del abogado, pues, si bien brindar\u00e1 a la parte que lo elige un asesoramiento sobre cuestiones propias de su materia, ajenas a la disciplina jur\u00eddica, operar\u00e1 en el proceso a la manera de aqu\u00e9l (ver de la Sala VI, causa N\u00b0 921, \u201cFurman\u201d, del 9\/8\/12 y sus citas).
\nEsta interpretaci\u00f3n concilia el inter\u00e9s estatal previsto en el C\u00f3digo Procesal Penal al establecer requisitos m\u00ednimos para intervenir como perito en el proceso penal y el de la parte de que un experto de su confianza pueda asesorarlo y, en su caso, ilustrar al juez con los alcances establecidos en el C\u00f3digo Procesal Civil.
\nAs\u00ed votamos
\n\u201c(\u2026) El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Disiento con el voto que antecede por cuanto la inscripci\u00f3n de los profesionales ante esta C\u00e1mara no puede prevalecer frente al inter\u00e9s del recurrente que, a los fines de ejercer debidamente su ministerio de defensa, conf\u00eda en la idoneidad, capacidad y condiciones del experto elegido para desempe\u00f1ar el cargo.
\nEn tal caso, el derecho de defensa acordado constitucionalmente al justiciable se limitar\u00eda irrazonablemente, pues, la elecci\u00f3n del perito estar\u00eda circunscripta s\u00f3lo a los profesionales que le asigna el \u00f3rgano jurisdiccional competente y no por el grado de confianza alcanzado con el profesional a quien, justamente, le encomienda el caso.
\nSi ello es as\u00ed, el recaudo establecido en el art. 254 del C\u00f3digo Procesal Penal de la Naci\u00f3n -primera parte in fine-, en ese sentido, deviene inconstitucional (ver de esta Sala, causa nro. 35655 \u00abHarari\u00bb, rta. el 27\/10\/08 y 38. 836, \u201cLaplacette\u00bb, rta. el 13\/04\/10; como tambi\u00e9n la causa nro. 26.018\/17, \u201cCavallo\u201d, del 10\/11\/17).
\nEn consecuencia, voto por declarar la inconstitucionalidad de los arts. 254 y 259 del CPPN en el presente caso (\u2026)\u201d<\/p>\n
<\/p>\n